La legalización de un documento, además de constatar la autenticidad de la firma puesta en el mismo y la calidad de la persona de quien emana, reviste al instrumento notarial de las formalidades imprescindibles para imprimirle validez fuera de la jurisdicción provincial, a fin de que produzca iguales efectos que en el territorio en que fue expedido.

La legalización implica afirmar que el documento es auténtico, está revestido de las formas que exigen las leyes y ha sido extendido por el Escribano en ejercicio de su función notarial, desde que de acuerdo a jurisprudencia el instrumento legalizado se presume ajustado a todas las formalidades impuestas por la ley del lugar de origen.